Info CDMX

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Boletín: DCS/122/19/ Publicado por: Dirección de Comunicación Social / Ciudad de México 7 de julio de 2019    
   
  • Por unanimidad de votos, las y los Comisionados Ciudadanos instruyeron que la SEMOVI responda a una persona solicitante sobre el funcionamiento del transporte público ubicado a las afueras de una estación del Metro, en Avenida Tláhuac.
  • El proyecto de resolución fue elaborado por la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina quien enfatizó que las irregularidades en la movilidad del transporte público generan inseguridad.


El Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO) ordenó a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informar a una persona solicitante si los taxis, camionetas colectivas y mototaxis que se encuentran a las afueras de la estación Los Olivos, de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, tienen permisos legales para trabajar, qué autoridad se los proporcionó y cuántas veces se ha verificado que cumplan con las normas.



En Sesión Ordinaria, las y los Comisionados Ciudadanos aprobaron un proyecto de resolución a cargo de la Ponencia de la Comisionada María del Carmen Nava Polina, en la que propuso revocar la respuesta de la SEMOVI.



En su respuesta, el Sujeto Obligado argumentó que el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), es el encargado de vigilar y conocer todo lo relacionado con los vehículos que prestan el servicio de transporte público de manera irregular; por lo tanto, la solicitud de información debía ser canalizada a ese Sujeto Obligado.



En el caso de los permisos legales para el funcionamiento de los taxis y transportes colectivos, puntualizaron que la persona solicitante podría acudir a la Dirección Operativa de Servicio de Transporte Público Individual de la misma SEMOVI, la cual es la encargada de recepcionar las quejas relativas a esos casos.



Asimismo, indicó que las motocicletas no se encuentran reguladas por la Ley de Movilidad de la Ciudad de México para prestar el servicio de transporte público, ya sea de forma individual o de manera colectiva.



Luego de recibir esta respuesta la persona peticionaria interpuso un recurso de revisión ante el INFO en el que argumentó que se violentaba su derecho de acceso a la información pública.



Admitido el recurso de revisión en el INFO, la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina determinó que la queja era parcialmente fundada pues, de conformidad con sus atribuciones, facultades y funciones, la SEMOVI es competente para dar respuesta a la mayoría de los requerimientos de la solicitud.



Por tal motivo, el Sujeto Obligado debe turnar la solicitud a sus áreas competentes para que busquen la información.



El INFO determinó que respecto a las verificaciones hechas a estos transportes públicos, las autoridades de la SEMOVI debían remitir la solicitud al INVEA.



Durante la Sesión Ordinaria, la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina dijo que cada día se realizan 1.1 millones de viajes en taxi, de acuerdo con las estadísticas de la SEMOVI, y dijo que las personas interesadas desean saber si los transportes que utilizan están regulados conforme lo establece la ley. En este caso, dijo, la persona solicitante señala que pueden existir bases irregulares, lo cual puede afectar a muchos usuarios en los cobros excesivos y la inseguridad.



Nava Polina reiteró que las irregularidades en la movilidad en la capital del país se suman a la falta de seguridad de los pasajeros y abusos que a diario pueden sufrir. Por eso el tema es importante y es necesario que las autoridades responsables proporcionen la información actualizada sobre los transportes públicos.



Por unanimidad de votos, el Pleno del INFO aprobó que la SEMOVI deberá emitir una nueva respuesta a la solicitud y remitir en razón de su competencia al INVEA, a fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública.



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