El comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF), Oscar Guerra Ford, propuso la creación de una ley reglamentaria del artículo sexto constitucional para abatir los rezagos y desigualdades en materia de acceso a la información pública que hay entre las entidades federativas.

Dicha norma –apuntó- sería obligatoria para todo el país, sin violentar las soberanías estatales, en la que se tendría que especificar, como ya está contemplado en el artículo sexto de la Carta Magna, la definitividad de las resoluciones de los órganos garantes.

Al participar en la mesa Métricas legislativas del acceso a la información y la evaluación de la Ley Modelo en el “Seminario Internacional sobre la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública y su Aplicación Regional y en México”, Guerra Ford explicó que se trata de lograr que las resoluciones de los órganos garantes de la transparencia sean definitivas e inatacables, a fin de evitar intentos de retroceso como el que enfrenta actualmente la Ley Federal de Acceso a la Información Pública.

Señaló también que debe garantizarse la autonomía constitucional de las instituciones de acceso a la información pública y que sus comisionados o consejeros, según el caso, sean electos de manera escalonada, con la posibilidad de ser reelectos, mediante una convocatoria abierta y transparente, aprobados por las dos terceras partes de los congresos de las entidades federativas.

Dijo también que la ley reglamentaria debe establecer plazos cortos para la resolución de los procedimientos a fin de que el acceso a la información sea expedito, además de que el presupuesto de los órganos garantes de la transparencia sea de por lo menos diez pesos por ciudadano o el 0.10 por ciento del presupuesto estatal.

“Hoy lo que se gasta en acceso a la información por habitante son cinco pesos, mientras que se gastan cincuenta en derechos electorales, cuando no hay elecciones”.

En el Auditorio Dr. Héctor Fix Zamudio, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el comisionado presidente del InfoDF anunció también que el próximo martes el Instituto presentará ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una serie de propuestas para mejorar la legislación local en materia de transparencia y acceso a la información pública, para que esté acorde a los estándares internacionales.

En el análisis de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, promovida por la Organización de Estados Americanos, con el propósito de poner a disposición de las naciones americanas un marco referencial que sirva para la construcción de sus propias legislaciones locales en la materia, participaron especialistas en transparencia de México y otros países latinoamericanos, así como del Banco Mundial.

Guillermo Cejudo, investigador del CIDE, explicó las metodologías de medición para la elaboración de la Métrica de la Transparencia y señaló que durante el proceso se encontraron enormes variaciones entre las diferentes entidades del país en el funcionamiento de los sistemas de transparencia. “Algunos con  buenas leyes pero malas prácticas de transparencia o viceversa”, dijo.

En la mesa estuvieron también Stephanie Trapnell, del Banco Mundial; Moisés Sánchez, de la Fundación Pro Acceso, de Chile; y Darío Ramírez, director para México de Artículo 19.