Como parte del paquete de propuestas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF), Oscar Guerra Ford, entregó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para su análisis y discusión, se suman obligaciones a la publicidad de información de oficio para partidos políticos y sindicatos.

El Instituto Electoral del Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Distrito Federal deberán publicar los informes que presenten los partidos políticos, además de las auditorias y verificación que ordene el órgano electoral correspondiente. Asimismo, deberán dar a conocer las resoluciones que emitan tanto el Instituto como el Tribunal, en el ámbito de su competencia.

La obligación de mantener actualizada la información aplica, de igual manera, a los partidos políticos, por ello, se adiciona el artículo 19 bis, en el cual se regulan sus obligaciones, homologándose con las reformas del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, del pasado 20 de diciembre de 2010.

En el artículo 14, se incorporan obligaciones de transparencia que conciernen a las relaciones laborales del ente público. Entre ellas se encuentran: nombres de los servidores públicos que integran la directiva sindical; la relación de los recursos públicos entregados a los sindicatos de manera detallada; los contratos colectivos y las condiciones generales de trabajo, así como la relación de percepciones adicionales que el ente obligado entrega a los servidores públicos que se encuentran en comisiones sindicales, entre otras. 

Con lo anterior, no se causaría ningún perjuicio a la autonomía sindical y la ciudadanía tendría más garantías de rendición de cuentas por parte de las asociaciones gremiales que reciban recursos del erario.

Para las agrupaciones políticas locales, se propone excluirlas del padrón de sujetos obligados, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que son entidades colectivas de participación ciudadana que no tienen financiamiento público.