En México, el acceso a la información pública gubernamental sólo se ejerce por una minoría, personas de alto nivel educativo, la mayoría hombres, académicos y periodistas, en tanto que las comunidades pobres y marginadas son excluidas de este derecho, particularmente las mujeres que viven en situación de vulnerabilidad, debido a múltiples factores, como la falta de acceso al conocimiento sobre sus derechos.

Así lo señaló la comisionada ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF), Areli Cano Guadiana, al participar en el Foro “Género y Transparencia”, en el que abordó la importancia de la equidad de género desde el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y el desempeño de la función pública.

Dijo que las barreras estructurales en la sociedad, hacen complejo el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones económicas y políticas. Citando datos de diversas instancias que trabajan en torno a la construcción de situaciones más equitativas para la mujer, destacó que a nivel federal, por ejemplo, sólo 15.8 por ciento de los secretarios de Estado son mujeres, mientras que en el espacio legislativo participan menos del 30 por ciento y sólo dos de cada diez funcionarios en puestos de dirección son de sexo femenino.

Al presentar su ponencia ante miembros del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, Cano Guadiana dijo que la voluntad política del legislador y las iniciativas de la sociedad civil organizada han sido las promotoras del marco jurídico que han posibilitado la obligatoriedad para reconocer, incluir y respetar los derechos de las mujeres en todos los niveles de gobierno.

Aunado a ese marco legal, añadió, y toda vez que se garanticen las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos de la mujer, el derecho de acceso a la información pública constituye un factor crucial para el pleno goce de las facultades normativas, al tiempo que es un elemento fundamental para la construcción de la democracia desde la participación igualitaria de hombres y mujeres.

De esta manera el derecho de acceso puede ser un instrumento para la toma de decisiones de las mujeres, precisó la comisionada ciudadana del InfoDF, a partir del conocimiento de la información pública que detone políticas sociales para las mujeres y pueda revertir de manera subsidiaria procesos de pobreza y exclusión social, de tal forma que dicho derecho incida en el mejoramiento de su calidad de vida.

En suma, expuso, el proceso de transparentar las actividades gubernamentales y poner a disposición de todos los ciudadanos la información pública es una tarea indispensable para incentivar un cambio más equitativo en las relaciones entre mujeres y hombres. En este sentido –dijo- la equidad requiere partir del reconocimiento a las diferencias y la pluralidad de expresiones a fin de incorporar las necesidades de cada género en la agenda pública y propiciar una mayor igualdad de oportunidades.

Añadió que debe repensarse el actuar cotidiano de las instituciones considerando la transversalidad de género en el diseño y ejecución de políticas y programas, así como en las actividades administrativas y presupuestales, en incluso en la cultura institucional, a fin de contribuir a un cambio verdadero en la situación de la desigualdad de género.

Ello implica, subrayó, cambiar estrategias para lograr que el acceso a la información pública sea homogéneo y, concretamente, una estrategia que considere la atención con perspectiva de género que contribuya a la disminución de la desigualdad genérica.